Buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en proyectos ambientales
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Incorporar la perspectiva de género interseccional no significa únicamente aumentar la participación de mujeres o personas de la diversidad sexo-genérica en las actividades puntuales. Significa revisar y transformar las estructuras, dinámicas y relaciones de poder que atraviesan los proyectos ambientales.
A partir del protocolo desarrollado junto a MundoSur, compartimos algunas recomendaciones prácticas.
1. Diseñar desde un diagnóstico interseccional
Antes de intervenir, es necesario identificar:
Brechas estructurales.
Relaciones de poder.
Impactos diferenciados según género, condición socioeconómica, pertenencia étnica, edad, discapacidad y otros factores relevantes.
No se puede cambiar lo que no se nombra ni se mide.
2. Formular objetivos transformadores
No se trata solo de inclusión, sino de transformación estructural.
Los objetivos deben:
Promover la equidad.
Contribuir a reducir desigualdades.
Medir cambios en relaciones de poder.
Incorporar indicadores sensibles al género.
3. Diseñar metodologías inclusivas
Es importante:
Desagregar datos por género y otras variables relevantes.
Incorporar preguntas abiertas sobre identidad y experiencias.
Combinar metodologías participativas y cuantitativas.
Garantizar consentimiento informado y protección de datos.
4. Asignar recursos específicos
Sin presupuesto, formación y monitoreo, el enfoque puede quedar solo en el discurso .
Es necesario:
Asignar fondos específicos.
Fortalecer las capacidades de los equipos.
Establecer indicadores.
Crear espacios de cuidado y participación segura.
5. Revisar el lenguaje y la comunicación
El lenguaje no es neutral.
Cada palabra puede reproducir desigualdades o transformarlas.
Transversalizar la perspectiva de género es avanzar hacia una redistribución real del poder, los recursos y los espacios de participación y decisión.
El protocolo fue elaborado en el marco del programa regional “Género, ambiente y cambio climático: potenciando acciones eficientes, justas y efectivas”, implementado por ONU Mujeres en América Latina y el Caribe a través de su Hub Regional de Género, Ambiente y Justicia Climática, con sede en Bolivia, y financiado por el Gran Ducado de Luxemburgo.
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